Ciudad de México, a 6 de abril de 2020.
El domingo pasado, el Presidente de la República presentó, dentro de su informe al pueblo de México, diversas acciones con la finalidad de apoyar y reactivar la economía mexicana, derivado de la emergencia sanitaria que actualmente vive el mundo.
Dentro de dichas medidas se estableció que no se incrementará el precio de los combustibles; reforzar y aumentar el gasto social en los programas que opera el Gobierno Federal; la inversión en proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía “Felipe Ángeles”, la rehabilitación de las refinarías y continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; la remodelación del ferrocarril del Istmo, de Salina Cruz y Coatzacoalcos; la construcción de más sucursales del Banco del Bienestar; construcción de viviendas y carreteras en zonas rurales; continuar con la construcción del tren Toluca-Ciudad de México y la entrega a PEMEX de la cantidad de 65 mil millones de pesos.
Otra de las medidas que estableció el Presidente es que la Banca de Desarrollo siga liberando recursos para apoyar, mediante el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas, así como continuar con la política de austeridad republicana que eliminará los aguinaldos de los altos funcionarios públicos.
En materia de impuestos, el Presidente señaló que continuará con el programa de estímulos fiscales en la zona frontera Norte del país, así como agilizar las devoluciones en materia de impuesto al valor agregado, enfatizando que fue una petición del sector empresarial y que no se aumentarán ni crearán nuevos impuestos.
En respuesta de dicho informe Presidencial, el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que, por una parte, reconocieron los avances en los programas sociales del Gobierno de México, el compromiso de aumentar la inversión pública para generar empleos, la ampliación del programa de créditos de la banca de desarrollo y de los institutos de vivienda, así como la instrucción al Servicio de Administración Tributaria para apresurar las devoluciones en materia de impuesto al valor agregado; pero, por otra parte, manifestaron su preocupación porque estas medidas son insuficientes e incompletas ante el impacto económico derivado de la emergencia sanitaria.
Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que el pasado 18 de marzo le presentó al Presidente de la República una propuesta para preservar el empleo formal e informal de 36 millones de mexicanos, mediante acciones inmediatas para apoyar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas.
Adicionalmente, señala el Consejo Coordinador Empresarial que el pasado 2 abril le presentó al Presidente de la República un plan para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para transitar los siguientes noventa días que, a juicio del propio Consejo, serán críticos en esta emergencia sanitaria.
Lo anterior, con la finalidad de sentar las bases necesarias para la recuperación inmediata de la economía mexicana y evitar que la crisis de liquidez que se esta generando, no se convierta en una crisis de solvencia.
Por otro lado, el pasado 26 de marzo, José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en su declaración realizada en la cumbre del G20 con motivo del impacto en la economía del COVID-19, advirtió que la situación actual exige la adopción inmediata de medidas dirigidas al empleo, a las pequeñas y medianas empresas, a la adopción de políticas en materia monetaria y fiscal, la eliminación de restricciones al comercio, en específico, sobre los bienes relacionados con la emergencia sanitaria así como la participación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para favorecer a los países más pobres.
Sin embargo, previo a dicha recomendación efectuada por el Secretario General de la OCDE, la mayoría de los países desarrollados ya habían establecido diversas medidas en ese mismo sentido, medidas que tiene como finalidad principal de generar en las diversas industrias liquidez, ya sea mediante el gasto público o, en su caso, mediante el otorgamiento de crédito fiscales de prórroga en el pago de las contribuciones o de condonación de recargos.
En relación con todo esto, es importante mencionar que de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo económico del país, en el que concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado con la finalidad de generar las condiciones que sean necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y el empleo, siempre velando por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero.
Es decir, que es obligación del Estado Mexicano, tomar medidas que no solamente fomenten la inversión, pública y privada, y el empleo, sino que preserven estos dos factores, junto con la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero para generar crecimiento económico en el país.
En adición a lo anterior, el artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación establece que el Ejecutivo Federal, mediante reglas generales, podrá condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de las contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando que por motivo de una epidemia se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción y venta de productos o la realización de una actividad.
Así, de la interpretación del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro que el verbo “podrá”, previsto en el mencionado artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación implica una obligación del Estado Mexicano, a través del Ejecutivo Federal, de tomar todas aquellas medidas necesarias en materia fiscal, en específico, la condonación, prórroga o pago en parcialidades de las contribuciones y sus accesorios, cuando una epidemia sanitaria, como sucede hoy con el CIVID-19, afecte o pudiera afectar cualquier actividad económica, así como la producción y venta de bienes o la realización de cualquier actividad.
En este sentido, ante esta eventual recesión de todas las economías a nivel mundial, principalmente por el choque entre la demanda y oferta agregada, así como la falta de liquidez inmediata, es obligación del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por instrucciones del Presidente de la República, tomar medidas de política fiscal que doten a los diversos sectores e industrias de inmediata liquidez, para que se pueda preservar la inversión, pública y privada, y el empleo.
Ello, puesto que el correcto funcionamiento de la Rectoría Económica del Estado es un derecho humano o fundamental de todos los mexicanos y ciudadanos en México.
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Atentamente,
Bueno, Acevedo y Castillo, S.C.
