Con motivo de una reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que es un derecho humano y fundamental de toda persona, física o moral, tener acceso a la justicia, a través de los medios alternativos de solución de controversias, fue que el 27 de enero de 2024 entró en vigor la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con el objeto de establecer las bases, principios generales y distribución de competencias sobre dichos mecanismos.
De acuerdo con dicha Ley, son mecanismos alternativos de solución de controversias los siguientes:
- Negociación: Es el proceso por virtud del cual las partes por sí mismas, con o sin intermediarios, plantean soluciones a través del diálogo, con el fin de resolver una controversia o conflicto.
- Negociación colaborativa: Es el proceso por el cual las partes buscan la solución pacífica y equitativa de su conflicto, con la asesoría de personas abogadas colaborativas, a través del diálogo y si fuera necesario, el apoyo de terceros.
- Mediación: Procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan resolver una controversia o conflicto de forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora.
- Conciliación: Procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto acuerden resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, o prevenir uno futuro, con la asistencia y participación activa de una persona facilitadora.
- Arbitraje: Proceso de solución de controversias o conflictos distintos a la jurisdicción estatal, mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas y ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, con la participación de una persona tercera llamada árbitro quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según proceda.
Cualquiera de los medios alternativos de solución de controversias tiene como finalidad evitar los órganos jurisdiccionales para resolver un conflicto, presente o futuro, siendo necesario, por lo general, la participación o intervención de abogadas y abogados colaborativos, facilitadores o, en su caso, árbitros, los cuales serán certificados y registrados por el estado mexicano, a través de sus diversas entidades que resulten competentes.
En materia fiscal, las partes, en este caso los contribuyentes y las distintas autoridades fiscales pueden optar por solicitar la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias (en adelante MASC), ya sea previo a la interposición del juicio de nulidad ante la propia autoridad o durante la tramitación del propio juicio ante el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que establezca el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea en el proceso del propio juicio o en la etapa de ejecución de sentencia, siendo que en materia fiscal no procede el arbitraje.
Con motivo de lo anterior, el pasado 30 de abril, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa expidió el Reglamento del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se regula la organización, competencias y procedimientos, respecto de los MASC.
Sin duda alguna, los MASC serán una alternativa u opción que, según sea el caso, sea necesario analizar, a fin de resolver cualquier conflicto en materia fiscal, incluso, cuando ya exista sentencia en contra de los contribuyentes.
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Atentamente,
Bueno, Acevedo y Castillo, S.C.
